El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la participación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la consulta interpartidista de la izquierda programada para el 8 de marzo de 2026, según conoció en exclusiva 6AM de Caracol Radio.
La decisión fue adoptada en sala plena con una votación 7 a 1. La única magistrada que salvó su voto fue Maritza Martínez. Con esta determinación, el CNE contradice la postura que había asumido previamente la Registraduría Nacional, que a finales de enero negó la inscripción de Quintero.
El origen de la controversia
La Registraduría había rechazado su participación argumentando que Quintero ya había tomado parte en una consulta anterior, celebrada en octubre de 2025. Aunque el exalcalde retiró su aspiración días antes de esa votación, su nombre apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico, en la que resultó ganador Iván Cepeda.
Según la interpretación de la Registraduría, esto configuraba una doble participación en consultas dentro del mismo proceso electoral, algo que la ley prohíbe.
Incluso el propio Quintero había señalado públicamente que esa situación podría inhabilitarlo para competir nuevamente en marzo. Un análisis jurídico mencionado por la representante Catherine Juvinao respaldaba esa lectura.
La posición del CNE
Sin embargo, el CNE adoptó un criterio distinto y concluyó que el caso de Quintero no es equiparable al de Iván Cepeda, quien sí quedó por fuera de la consulta del 8 de marzo precisamente por haber participado y ganado en la consulta anterior.
El conjuez Hollman Ibáñez explicó que la norma prohíbe participar en más de una consulta del mismo proceso electoral, sin importar su modalidad, pero sostuvo que la situación jurídica de Quintero es diferente.
Un escenario político que se reconfigura
Con esta decisión, Quintero podrá competir en la consulta del denominado ‘Frente por la Vida’, donde también suenan nombres como Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo.
El fallo del CNE introduce un nuevo elemento de debate jurídico y político, al evidenciar diferencias de interpretación entre las autoridades electorales, lo que podría sentar un precedente para futuros procesos de consulta en el país.