Asalto y carneo en predio del Golfo de Morrosquillo: cuando el silencio también juega en contra

Tolú. Lo ocurrido la noche de este 20 de septiembre en un predio ganadero ubicado en el sector del Campamento Mucumbita, cerca del aeropuerto de Tolú, no puede pasar simplemente como una noticia más de inseguridad rural. Tres hombres ingresaron al lugar, sometieron a los cuidanderos, los despojaron de dinero, un teléfono celular y otras pertenencias y, posteriormente, sacrificaron tres reses dentro de los corrales.

El hecho, además del perjuicio económico para los propietarios del ganado, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que desde hace tiempo acompaña a los productores rurales del Golfo de Morrosquillo: la vulnerabilidad de los predios ganaderos y la dificultad para prevenir delitos en zonas donde las grandes extensiones de tierra hacen particularmente compleja la vigilancia.

Según la información conocida, los responsables habrían sido tres hombres que vestían pantalones tipo jean de color azul. No fueron observadas armas de fuego y tampoco fue posible establecer con claridad en qué medio de transporte llegaron o abandonaron el lugar. Pero quizá uno de los aspectos que más llama la atención es otro: los trabajadores no lograron determinar por dónde ingresaron los delincuentes ni por dónde salieron. Ese detalle debería preocuparnos. No solamente por lo ocurrido en este predio, sino por lo que puede significar para otros productores, trabajadores y cuidanderos de la zona, es otro caso en la misma zona.  

La pregunta que queda sobre la mesa Tras conocerse el caso, la información llegó a la coordinación de la  estrategia SAGG, Seguridad y Apoyo al Gremio Ganadero, desde donde se activó la comunicación con la Policía Nacional de manera inmediata.

El teniente coronel Juan Carlos Barriga Angulo, comandante del Distrito 3 de Policía de Tolú, dispuso el desplazamiento de unidades para verificar la situación. Posteriormente, el subteniente Andrés Gutiérrez, de la Policía de Tolú, llegó hasta el lugar para adelantar las primeras actuaciones y recibir las versiones de los trabajadores. Es importante destacar esa reacción. Cuando existe comunicación entre los productores y las autoridades, la Fuerza Pública tiene mayores posibilidades de conocer lo que está ocurriendo en las zonas rurales y de comenzar a construir información sobre las modalidades delictivas que afectan al sector.

Sin embargo, el caso deja una pregunta inevitable:

¿Por qué algunos hechos no son denunciados?

La pregunta no pretende responsabilizar a las víctimas. Al contrario. Pretende abrir una conversación necesaria. Quien acaba de ser víctima de un delito puede sentir temor, desconfianza o incluso pensar que denunciar no cambiará lo sucedido. Pero cuando un hecho no llega a conocimiento de las autoridades, también se pierde una pieza de información que puede resultar importante para identificar patrones, establecer zonas de riesgo y relacionar casos que aparentemente están aislados.

El campo no puede quedar en silencio La seguridad rural requiere presencia institucional, pero también comunicación oportuna.En los territorios donde existen grandes extensiones de tierra, fincas, corrales, potreros y caminos secundarios, la prevención no puede depender exclusivamente de que una patrulla llegue después de ocurrido el delito. La comunidad también cumple un papel fundamental. Informar movimientos sospechosos, comunicar oportunamente un hecho irregular y denunciar los delitos permite que las autoridades tengan mayores elementos para actuar. Y en este punto, la estrategia SAGG adquiere especial importancia para el sector ganadero del departamento, muy pese a tener detractores que consideran que la seguridad tiene dueño. Su capacidad de servir como puente entre los productores y la Fuerza Pública puede se ha convertido en una herramienta valiosa, existe confianza y comunicación permanente.

Lo sucedido en Campamento Mucumbita demuestra precisamente que ese canal puede activarse y generar una respuesta institucional. Pero una comunicación efectiva no puede comenzar únicamente después de que ocurre un robo. Tiene que existir antes. No normalizar lo que no debe normalizarse Sacrificar tres animales dentro de un predio y llevarse su carne no es un hecho menor para un productor ganadero.

Detrás de cada bovino existe una inversión, un proceso de crianza y un esfuerzo que representa el sustento de familias y trabajadores. Por eso, cada nuevo caso debería servir para revisar qué está funcionando, qué está fallando y qué medidas pueden adoptarse para reducir los riesgos. La responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente en una institución. El Ejército, la Armada (a través de la Infantería de Marina) y la Policía Nacional tienen responsabilidades dentro de sus respectivas competencias, pero necesitan información de la comunidad para desarrollar con mayor eficacia sus labores.

La seguridad del campo se construye entre todos. Las autoridades deben escuchar, investigar y responder. Los productores y habitantes deben comunicar y denunciar. Y las organizaciones gremiales deben continuar fortaleciendo los canales que permitan que la información circule de manera rápida y confiable. Lo ocurrido en este predio de Tolú debe investigarse y esclarecerse. Pero también debe servir para algo más: para que el silencio no termine convirtiéndose en una ventaja para quienes delinquen.

El Golfo de Morrosquillo necesita un campo productivo, tranquilo y seguro.

Y para conseguirlo, además de presencia institucional, se necesita algo que parece sencillo, pero que puede marcar la diferencia: hablar, informar y denunciar a tiempo.