Aunque el Gobierno Nacional mantiene oficialmente cerrado el Parque Nacional Natural Tayrona, comunidades indígenas decidieron reabrir el ingreso en algunos sectores y asumir directamente el cobro de entradas y del seguro obligatorio que normalmente se paga en las taquillas oficiales.
La medida se produce pese a la resolución 091 del 17 de febrero, mediante la cual Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgos de seguridad, amenazas al personal y situaciones que, según la entidad, superaron el ámbito administrativo.
La reapertura impulsada por autoridades indígenas se concentra en los sectores de El Zaíno y Palangana. Allí, integrantes del cabildo kogui en Magdalena instalaron puntos de control propios como parte de lo que han denominado una “protesta pacífica” frente a la Unidad de Parques Nacionales.
“Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, manifestó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al explicar por qué permiten el ingreso de turistas a pesar de la decisión oficial.
El malestar de las comunidades se intensificó luego de las demoliciones ordenadas por Parques Nacionales a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, esas adecuaciones buscaban generar espacios de trabajo para los indígenas.
Por su parte, Parques Nacionales señaló que el cierre responde a un escenario de riesgo que incluye bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las condiciones mínimas de seguridad.
Ante este panorama, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del parque y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.
El impacto del conflicto ya genera preocupación en el sector turístico. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, advirtió que la situación afecta directamente a Santa Marta y al sustento de miles de familias que dependen de la actividad en la zona.
“Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, afirmó.
Mientras las autoridades nacionales refuerzan su presencia en el área y sostienen la clausura oficial del parque, los koguis insisten en permanecer en el territorio hasta lograr acuerdos sobre el manejo del Tayrona y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas.