El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo. La decisión, revelada en primicia por el periodista Ricardo Ospina durante la emisión de Mañanas Blu, corresponde a una medida cautelar adoptada por un magistrado ponente, quien ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.
La determinación se produjo en medio del estudio de la demanda contra el decreto que estableció un incremento del 23,78 %. Mientras se resuelve de fondo el proceso, los efectos jurídicos del aumento quedan en pausa y el Ejecutivo deberá emitir un nuevo acto administrativo que cumpla con los criterios técnicos exigidos por la ley.
El alto tribunal subrayó que el nuevo decreto deberá tener carácter transitorio y aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales relacionados con la fijación del salario mínimo.
¿Qué sigue ahora, cómo queda el salario?
Según lo revelado, el Gobierno del presidente Gustavo Petro contará con ocho días para expedir un nuevo decreto que respete los parámetros técnicos definidos en la normativa. Entre los factores que deben considerarse están la inflación, la productividad y el comportamiento económico, dentro del proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado. La medida recalca que el incremento salarial no puede obedecer únicamente a una determinación política, sino que debe sustentarse en criterios objetivos previamente establecidos.
El eje central de la decisión es la necesidad de que el aumento del salario mínimo surja de un proceso de concertación y de la aplicación estricta de los indicadores técnicos. La normativa vigente exige evaluar inflación y productividad como componentes esenciales para determinar el ajuste. Mientras se expide el nuevo decreto transitorio, el proceso continuará su curso en el alto tribunal administrativo, que posteriormente decidirá de fondo sobre la legalidad del incremento.
Cabe recordar que el pasado 29 de enero de 2025 el Gobierno anunció un aumento del 23,7 % del “salario mínimo vital”, fijado para 2026 en dos millones de pesos, incluido el subsidio de transporte. El salario mínimo quedó en 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de subsidio de transporte, para completar los dos millones de pesos.
Tras conocerse la decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó en diálogo en vivo que no había sido notificado formalmente al momento de la entrevista, aunque reconoció que el Gobierno esperaba un fallo en ese sentido.
El funcionario defendió que el incremento del 23,78 % se sustentó —según afirmó— en el concepto de salario vital, calculado con base en el costo de la canasta familiar y en lineamientos asociados a estándares internacionales. También advirtió sobre el impacto jurídico de la medida frente a trabajadores que ya recibieron pagos ajustados.
Sobre la orden de expedir un decreto transitorio en ocho días, Benedetti calificó el escenario como complejo. Señaló que imaginar un salario mínimo provisional podría generar múltiples efectos, ya que este sirve como referencia para distintas escalas salariales y podría desencadenar impactos en cadena mientras se adopta una decisión de fondo.
En el plano político, reconoció que la determinación judicial podría convertirse en un argumento dentro del debate electoral, al considerar que la decisión le da herramientas a sectores que cuestionan el aumento decretado.