Sincelejo El proceso contra el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña está relacionado con la presunta entrega de $1.500 millones a esa estructura. El expediente también contiene testimonios e interceptaciones sobre una supuesta estrategia para favorecer al mandatario ante la Corte.
De acuerdo con el expediente reseñado y que ha sido divulgado en diferentes medios de comunicación como Revista Cambio, la Sala de Instrucción de la Corte considera que existen elementos para sostener, como hipótesis de investigación, que Acuña habría aportado cerca de $1.500 millones a esa organización con el propósito de mantener y fortalecer su liderazgo político y obtener respaldo electoral en municipios de Sucre.
La decisión de acusarlo fue aprobada por la mayoría de la Sala de Instrucción el pasado 3 de septiembre de 2026. Sin embargo, el llamamiento a juicio todavía no estaba en firme, debido al recurso de reposición presentado por la defensa.
Los testimonios que aparecen en el expediente
Uno de los principales testimonios contra Acuña corresponde al exparamilitar Juan Manuel Borré Barreto, conocido como alias Pistón.
Según la versión citada por Infobae, Borré aseguró en una declaración de 2012 que Acuña habría entregado recursos a la organización durante el tiempo en que esta operó en la región. El monto mencionado por el testigo fue de aproximadamente $1.500 millones.
Borré señaló que los recursos habrían sido entregados mediante contratos de obra y mencionó al abogado Gian Carlo Paredes como uno de los contactos relacionados con esos recursos.
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El exparamilitar también sostuvo que Acuña habría ordenado homicidios de líderes relacionados con procesos de restitución de tierras durante 2009 y 2010. En esa misma declaración mencionó a Nelson Stand y a Gian Carlo Paredes.
Borré describió además a Acuña como una figura política con influencia en la Costa y afirmó que Los Rastrojos Costeños intervenían en asuntos relacionados con campañas políticas, votaciones, extorsiones, tráfico de drogas y homicidios selectivos.
Sus declaraciones fueron posteriormente reiteradas ante la Fiscalía y la Corte Suprema.
A esos señalamientos se sumaron los testimonios de Brayan Eduardo Borré Barreto y de Edwin Zambrano Pinto, otro exparamilitar mencionado dentro de la investigación.
Zambrano sostuvo que Acuña habría facilitado el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia a Sucre y posteriormente habría tenido nuevamente vínculos con Los Rastrojos Costeños.
La trayectoria política de Acuña, bajo análisis
La Corte también examinó el recorrido político de Acuña dentro del contexto de la investigación.
En 2002, hizo parte del Consejo Académico de la Universidad de Sucre. Posteriormente renunció para aspirar al Concejo de Sincelejo, corporación a la que llegó para el periodo 2004-2007 con el Movimiento Nacional Progresista.
Entre 2007 y 2009 fue diputado de la Asamblea Departamental de Sucre. Después buscó llegar a la Cámara de Representantes, inicialmente con Apertura Liberal y posteriormente con el Partido de Integración Nacional.
Acuña fue elegido representante a la Cámara para el periodo 2010-2014 por comunidades afrodescendientes, con el aval de Afrovides. Luego renovó su curul para el periodo 2014-2018 con el movimiento Cien por Ciento Colombia.
Posteriormente dejó el Congreso para buscar la Gobernación de Sucre, aunque finalmente no presentó su candidatura. Su esposa, Milene Jarava, se postuló entonces sin éxito.
Según la información de Infobae, la Corte relacionó esa trayectoria con lo que consideró un ascenso político rápido y señaló, dentro de su hipótesis, que el respaldo de estructuras ilegales habría contribuido a consolidar apoyo electoral y control territorial.
Otro de los componentes centrales del expediente son las interceptaciones telefónicas realizadas durante 2024.
En ellas aparecen conversaciones entre el abogado Roger David Díaz Morales y Samir Otero de la Ossa, alias Computador, un exintegrante de estructuras paramilitares. Se conoció que esas comunicaciones fueron analizadas por la Corte dentro de una posible estrategia para modificar la versión de Otero y favorecer a Acuña. El episodio tomó fuerza después de una entrevista radial concedida por Salvatore Mancuso el 12 de junio de 2024, en la que hizo referencia a supuestos vínculos de Acuña con las AUC y señaló que alias Cadena conocía detalles sobre esos hechos.
Posteriormente, según las interceptaciones reseñadas, Roger Díaz habría conversado con alias Computador sobre la posibilidad de presentar ante la Corte una carta en la que modificara sus anteriores señalamientos contra Acuña.
El 19 de junio de 2024, Otero informó que el documento estaba preparado. Díaz le pidió una imagen del escrito para enviársela a Acuña.
La carta tuvo que ser corregida posteriormente. Finalmente, el documento fue enviado desde el correo de Otero a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el 29 de junio de 2024.
La declaración de alias Computador
El expediente también recoge diferentes versiones entregadas por Otero sobre Acuña.
En una declaración de 2010, aseguró no conocerlo. Posteriormente, en declaraciones de 2011 y 2018, sostuvo que sí lo conocía y afirmó que alias Cadena le había entregado $40 millones en Santa Fe de Ralito.
Otero también aseguró que había recibido amenazas para evitar que declarara contra Acuña.
En 2024 volvió a solicitar ser escuchado por la Corte. Para la Sala de Instrucción, sin embargo, el interés principal estaba en las comunicaciones que rodearon la preparación de esa nueva declaración.
Antes de comparecer ante los magistrados, según las interceptaciones, Díaz habría indicado a Otero algunos aspectos sobre los que debía declarar, incluidos asuntos relacionados con los hermanos Borré y una eventual relación entre Acuña y alias Cadena.
La diligencia se realizó el 13 de agosto de 2024, después de que la Corte negara la solicitud para que Otero declarara de manera virtual desde la cárcel de Valledupar y ordenara su traslado a Bogotá.
Durante esa declaración, Otero se retractó de señalamientos anteriores contra Acuña.
Los presuntos pagos
Según el expediente reseñado por Infobae, Otero habría recibido $5,5 millones relacionados con el cambio de su versión. En una de las conversaciones citadas, Díaz le habría dicho que Acuña ayudaría al testigo con “alguna vainita”. Posteriormente aparecen referencias a la entrega de dinero.
Después de su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá, Otero habría reclamado el pago que esperaba recibir. En septiembre de 2024, según el expediente, habría amenazado con retractarse nuevamente ante la Corte y acudir a los medios de comunicación si no recibía el dinero acordado.
Las conversaciones también contienen diferentes expresiones utilizadas para referirse presuntamente a Acuña, entre ellas “el Negro”, “el Negrito”, “el jefe”, “el paciente” y “el color”.
Lo que concluyó la Sala de Instrucción
Después de analizar las interceptaciones, la Sala de Instrucción consideró que las comunicaciones permitían reconstruir cómo se habría preparado la retractación de alias Computador, quién habría intervenido, qué instrucciones habría recibido y cuáles habrían sido los pagos relacionados con ella.
La Corte concluyó que esa retractación de 2024 no tenía valor probatorio para favorecer al procesado. Sin embargo, consideró que la propia preparación de la declaración constituía un elemento relevante dentro de la investigación.
Las interceptaciones fueron enviadas además a la Fiscalía para establecer si en esos hechos pudo configurarse algún delito.
La defensa de Yahir Acuña
Acuña ha rechazado los señalamientos y sostiene que es víctima de una persecución política.
El alcalde ha asegurado que denunció a integrantes de grupos armados desde el Congreso de la República y ha negado tener vínculos con los hermanos Borré.
En declaraciones citadas por Infobae, afirmó que los denunció en 2010, 2013 y 2014, y aseguró no tener ninguna relación directa o indirecta con ellos.
También cuestionó la credibilidad de sus acusadores y planteó que podría existir algún interés político detrás de los señalamientos.
Noticias Caracol informó que buscó al alcalde para conocer su posición frente a las nuevas pruebas. Acuña se abstuvo de entregar una nueva versión a ese medio y manifestó que su inocencia debe demostrarse ante los jueces y que no violaría la reserva del proceso.
Un proceso que aún no está en firme
La Corte Suprema aprobó la acusación contra Acuña por el presunto delito de financiación de grupos de delincuencia organizada. No obstante, el llamamiento a juicio todavía no estaba en firme al momento de la publicación de las fuentes consultadas, debido al recurso de reposición presentado por la defensa.
El expediente se suma a otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito y a cuatro procesos por presunta corrupción que, según fueron trasladados de Sincelejo a Bogotá por razones de seguridad.
Redacción:
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