La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso de Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes de Colombia, quienes fueron capturados por su presunta participación en la red de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) situación en la que además se han visto involucrados exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro.
Según el abogado de Sneyder Pinilla, testigo clave en este caso, la detención de los congresistas no será la última, pues aún faltarían “figuras más poderosas por caer”. Tanto Pinilla como Sandra Ortiz señalaron que, por instrucciones de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, se entregaron sobornos de hasta $4.000 millones a congresistas para asegurar el respaldo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.
La Sala de Instrucción del alto tribunal, liderada por el magistrado Francisco Farfán Molina, ordenó el traslado de Name y Calle a la cárcel La Picota, en Bogotá. En la noche del 8 de mayo de 2025, se registraron las primeras imágenes del ingreso de Iván Name al penal, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial. Por su parte, Andrés Calle, quien permanece detenido en el búnker de la Fiscalía, será trasladado próximamente al mismo centro penitenciario.
Un documento de 183 páginas detalla los motivos de la Corte para dictar medida de aseguramiento contra los excongresistas. Se advierte que representan un riesgo para la comunidad y podrían continuar delinquiendo desde sus cargos. En el caso de Iván Name, el tribunal resaltó que fue elegido presidente del Congreso con el respaldo de todos los partidos, lo que demuestra el poder de influencia que aún tiene. Respecto a Calle, se señaló que habría desviado recursos destinados a poblaciones vulnerables, afectando gravemente el sistema democrático.
Andrés Calle se entregó a las autoridades por su presunta participación en caso de corrupción de la Ungrd: el congresista dice ser inocente
Para la Corte, ambos legisladores —miembros de la Alianza Verde y el Partido Liberal— negociaron y aceptaron sobornos relacionados con contratos para la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira, afectando directamente el acceso al agua potable en la región.
“Actuaron al margen del bien común, privilegiando sus intereses económicos y políticos, y ocasionando un posible daño al erario público que debía destinarse a evitar una crisis humanitaria”, concluyó el alto tribunal.