
Ante el aumento de la violencia en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro anunció medidas excepcionales al declarar el estado de conmoción interior y emergencia económica en la región. La decisión, comunicada a través de su cuenta en X, busca retomar el control en un territorio afectado por las acciones criminales del ELN, que han causado desplazamientos masivos y la pérdida de numerosas vidas.
“Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia”, afirmó el mandatario en su mensaje.
Una medida extraordinaria
Esta es la primera vez en más de dos décadas que Colombia adopta el estado de conmoción interior, anteriormente conocido como estado de sitio. La decisión fue tomada poco antes de una reunión del presidente con su gabinete ministerial, programada para las 6:00 p.m.
Los decretos que establecerán las medidas serán firmados por todos los ministros del Gobierno Petro, marcando un punto clave en la estrategia de intervención gubernamental en esta conflictiva zona.
¿Qué implica el estado de conmoción interior?
En Colombia, esta figura legal permite implementar controles militares en el territorio, realizar capturas, imponer toques de queda y expedir decretos con fuerza de ley. Según fuentes oficiales, el objetivo principal del Gobierno es fortalecer la presencia institucional en el Catatumbo, una región históricamente golpeada por la violencia.
El contexto histórico y reciente
Hace apenas 23 años que no se utilizaba esta herramienta constitucional en el país. Durante su mandato, Petro ya había declarado una emergencia económica en La Guajira en 2023, aunque esta fue posteriormente invalidada por la Corte Constitucional al considerarla “inexequible”.
Reacciones y próximos pasos
El anuncio ha generado un amplio debate en torno a la eficacia de estas medidas excepcionales y su impacto en la región. El Gobierno reafirma su compromiso de no solo garantizar la seguridad, sino también impulsar una transformación económica y social que contribuya a la paz en las zonas bajo conflicto.
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