El Ministerio de Defensa se pronunció este sábado sobre el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en zona rural del Guaviare, donde murieron siete menores de edad reclutados por las disidencias de alias Iván Mordisco. La operación, ejecutada el 10 de noviembre, hacía parte de una ofensiva contra dos de sus aliados: alias Pescado y alias Jimmy Martínez, señalados de graves crímenes en la región.
La cartera dirigida por el ministro Pedro Sánchez reiteró su rechazo al uso de población menor de edad en el conflicto armado y recalcó que su responsabilidad es proteger a toda la ciudadanía. “La responsabilidad de estos crímenes recae en los grupos ilegales”, enfatizó.
Detalles del bombardeo en el Guaviare
Según el Ministerio, el bombardeo dejó 20 disidentes dados de baja, entre ellos siete menores reclutados, identificados posteriormente por Medicina Legal.
Además, la inserción de tropas permitió rescatar con vida a tres adolescentes, brindar primeros auxilios a un herido y evacuar a dos integrantes sometidos de la estructura criminal.
La institución aseguró que todos los protocolos se ajustaron al Derecho Internacional Humanitario (DIH), aplicando los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar.
¿Por qué se ordenó el bombardeo?
El Ministerio confirmó que la orden fue dada por el presidente Gustavo Petro tras evaluar un riesgo extremo para 20 soldados que estaban en inminente peligro. La operación se sustentó en inteligencia que advertía un posible ataque de los disidentes.
“Ante la severidad de la amenaza, la intervención fue necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas”, señaló el comunicado oficial.
Material incautado
La peligrosidad de la estructura quedó reflejada en el material encontrado tras la operación:
6 ametralladoras
24 fusiles
3 morteros
30.000 municiones
51 minas antipersonal
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
La defensora Iris Marín Ortiz condenó el reclutamiento de menores por parte de las disidencias, calificándolo como un “crimen de guerra”. También instó a las Fuerzas Militares a reforzar las precauciones en operaciones donde exista sospecha de presencia de menores.
“La responsabilidad originaria de la muerte de los menores de edad recae en los grupos armados que los reclutan”, puntualizó la Defensora.