Cerrar emisoras de paz es silenciar una conquista territorial 

Opinión. La decisión de la gerenta de Inravisión, Ángela María Mora Soto, de suspender la programación habitual y los contenidos regionales en las 20 Emisoras de Paz, profundiza una postura centralista donde la palabra de las víctimas se trata como una concesión burocrática y no como un derecho ganado a pulso. Al reemplazar la producción local por una señal musical centralizada desde la capital, la gestión de Mora Soto no solo incurre en un desacierto administrativo, sino que vulnera el derecho a la comunicación en comunidades golpeadas por décadas de violencia.

En los Montes de María sabemos bien lo que significa perder la voz. El conflicto armado no solo nos dejó masacres, desplazamientos y despojos; también nos dejó el silencio impuesto por el miedo, durante años, la gente no podía hablar libremente en la tienda ni cuestionar al mandatario de turno.

La narrativa sobre lo que éramos la construían los noticieros nacionales a través de la lente del terror. Por eso, cuando los jóvenes, los campesinos, las campesinas y lideresas de San Onofre, Ovejas o El Carmen de Bolívar nos juntamos en iniciativas comunitarias como la red Voces y Sonidos, no buscábamos aprender a encender un micrófono, sino aprender a confiar otra vez entre nosotros.

La creación de las 20 Emisoras de Paz, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz, significó algo que las comunidades habían reclamado durante años: tener frecuencias y espacios propios para hablar desde los territorios. No se trataba de emisoras para entretener, sino para hacer pedagogía sobre el acuerdo de paz, los derechos del campesinado, denunciar los abusos locales y permitir que una vereda se enterara de lo que pasaba a través de centros de información y producción que funcionaban a modo de altoparlantes comunitarios.

Hoy, la gerencia de Inravisión justifica la medida amparándose en investigaciones del Ministerio TIC por supuestas irregularidades en convenios por $7.255 millones. Nadie pide que se pasen por alto las dudas sobre el uso de los recursos públicos; la corrupción debe investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley; lo que no resulta lógico es que, para solucionar un enredo de contratación en las oficinas de la capital, la acción sea castigar a cerca de medio millón de oyentes rurales quitándoles sus programas locales.

Las Emisoras de Paz ni siquiera están salpicadas en esos convenios bajo sospecha, pero terminaron pagando el plato roto.

A esta vulneración del derecho a la comunicación se suma la estigmatización. Tras la suspensión, no faltaron las voces que tildaron a estas emisoras de «mecanismos de propaganda». En territorios donde hacer periodismo o liderazgo social sigue costando la vida, ponerle ese tipo de etiquetas a un medio local es poner en riesgo a quienes, desde un proceso comunicativo serio y riguroso, cuentan lo que sucede en las comunidades y narran el territorio desde las voces de quienes lo habitan. Los avances de las radios de paz supusieron un logro trascendental: nuestras iniciativas no solo se escuchaban localmente, sino que resonaban en el sistema de medios nacional.

Evaluar los medios públicos y exigirles independencia es necesario. Lo que no es admisible es que los egos del gobierno de turno silencien las radios de paz. La paz en Colombia no se sostiene únicamente con infraestructura y promesas; se sostiene cuando las comunidades pueden contar sus propias historias y vean garantizado su derecho a la comunicación y a la información.

Las ideas y opiniones expresadas en esta columna pertenecen a su autor. Contexto Caribe ofrece este espacio como un lugar para el encuentro de distintas voces y perspectivas.

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