El presidente Abelardo De La Espriella anunció una nueva directriz frente a los disturbios que se presenten dentro de las universidades del país y aseguró que la Policía podrá entrar a las universidades o los campus cuando las circunstancias lo ameriten.
Durante su pronunciamiento, el mandatario cuestionó los alcances de la autonomía universitaria y sostuvo que esta garantía constitucional no puede interpretarse como una autonomía frente al orden público.
“Voy a ir por ustedes”, afirmó De La Espriella al referirse a quienes, según su Gobierno, utilicen los espacios universitarios para protagonizar hechos que alteren gravemente el orden público.
Un nuevo protocolo con el que la policía podrá entrar a las univesidades
El Gobierno anunció la creación de un protocolo nacional que establecerá en qué circunstancias la Policía podrá intervenir dentro de las instituciones de educación superior.

La intención, según lo planteado por el mandatario, es determinar cuándo una situación deja de ser una manifestación o protesta y pasa a constituir un hecho que requiera la intervención de la Fuerza Pública.
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De La Espriella insistió en que la autonomía universitaria tiene límites cuando se presentan situaciones relacionadas con el orden público y la comisión de conductas que puedan constituir delitos.
El anuncio abre un nuevo debate en Colombia sobre la relación entre autonomía universitaria, derecho a la protesta y seguridad dentro de los campus.
La autonomía universitaria está reconocida constitucionalmente y permite a las instituciones de educación superior establecer sus propias directivas y regirse por sus estatutos. Sin embargo, el Gobierno sostiene que esta autonomía no implica que las universidades estén por fuera del marco constitucional y legal en materia de seguridad y orden público.
La discusión ahora estará centrada en cómo se definirá el protocolo, quién determinará cuándo existe una situación que amerite el ingreso de la Policía y cuáles serán los límites de esa intervención.
La medida anunciada por De La Espriella promete convertirse en uno de los primeros grandes puntos de tensión entre el Gobierno nacional y las comunidades universitarias.
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