La jueza Penal Municipal Ambulante contra BACRIM de Sincelejo declaró ilegal la detención de siete de los ocho capturados. La Fiscalía apeló la decisión y ahora deberá explicarse cuáles fueron las razones que sustentaron la providencia judicial.
Sincelejo Una operación adelantada por la SIJIN de la Policía en Sucre contra una presunta estructura dedicada al abigeato quedó en manos de la justicia luego de que una jueza Penal Municipal Ambulante contra BACRIM de Sincelejo determinara que siete de las ocho capturas no se ajustaron a la legalidad. Las diligencias fueron adelantadas por la Fiscalía Primera Local de Corozal y la decisión ya fue apelada por el ente acusador.
Entre las personas capturadas figuran Alex Miguel Yepes Flores, conocido como “Yepes” o “el Mono”, señalado por las autoridades como presunto líder de la estructura; Fernando José Pérez Hernández, alias “Nando”; Jesús David Suárez Chávez, “Jesús Chávez”; Pedro Pablo Pérez Hernández, “Petaca”; Álvaro Javier Vergara Torres, “Alvarito”; Neider Villamil Munzón, “Come Hierba”; Luis Ángel Pérez Hernández, conocido como “el Negrito”, “Mica Prieta” o “el Golero”; y Pablo Emilio Caro Rivera, alias “Atribuido” o “el Campe”.
En el caso de Caro Rivera, la captura sí fue avalada judicialmente. De acuerdo con el reporte suministrado, al momento del procedimiento se encontraba en poder de una motocicleta que figuraba como hurtada. Los otros siete detenidos recuperaron su libertad luego de la decisión, mientras se espera que la instancia correspondiente resuelva el recurso presentado por la Fiscalía.
Es importante precisar que la decisión judicial está relacionada exclusivamente con la legalidad de los procedimientos de captura y no constituye una declaración de inocencia ni de responsabilidad penal frente a los hechos investigados. Para establecer el alcance de la determinación será necesario conocer la providencia y los argumentos utilizados por la jueza, así como la sustentación de la apelación presentada por la Fiscalía.
El caso también genera atención entre los productores ganaderos, debido a que, según los antecedentes suministrados, Alex Miguel Yepes Flores habría sido capturado anteriormente durante una investigación relacionada con un presunto caso de abigeato. Ese proceso estaría vinculado con el hurto de más de 50 reses pertenecientes a Arturo Vergara, en la finca La Siria, jurisdicción de San Antonio de Palmito.
De acuerdo con la información aportada, el ganado habría sido localizado posteriormente en Coveñas, antes de ser trasladado en tres camiones que también se encontraban en el lugar. En aquella actuación, según el reporte recibido, las capturas también habrían sido objeto de una decisión de ilegalidad.
Las diligencias de la SIJIN se extendieron por territorios de Sucre y Bolívar, de acuerdo con la información conocida. La dimensión del operativo y el número de personas detenidas hacen necesario mantener seguimiento al proceso, pero también verificar que cada una de las actuaciones haya cumplido con los requisitos establecidos por la ley y que la Fiscalía pueda sustentar sus hipótesis investigativas.
Para el sector ganadero, que esperaba en estas capturas una respuesta frente a un delito que afecta directamente su patrimonio, la decisión deja varios interrogantes. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a declarar ilegales siete de los procedimientos? ¿Qué aspectos fueron cuestionados durante las audiencias? ¿Qué efectos tendrá la apelación sobre el desarrollo de la investigación?
Las respuestas deberán surgir de la providencia judicial, de los argumentos de la Fiscalía y de los demás documentos que hagan parte del proceso, evitando señalamientos anticipados contra las personas investigadas.
La lucha contra el abigeato y el respeto por las garantías judiciales no son asuntos excluyentes. La Policía debe cumplir los procedimientos establecidos, la Fiscalía tiene la responsabilidad de construir investigaciones sólidas y los jueces deben adoptar sus decisiones dentro del marco del debido proceso.
El caso queda ahora a la espera de la decisión sobre la apelación, mientras persisten las preguntas sobre lo ocurrido durante el procedimiento de captura y sobre el rumbo que tomará la investigación.
Redacción:
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