El Consejo de Estado admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Breyner Aaron, quien asegura que la propuesta de consulta popular del presidente Gustavo Petro vulnera sus derechos fundamentales al voto, a elegir y ser elegido, a la participación ciudadana y a la soberanía popular.
La tutela responde al anuncio del mandatario de convocar una consulta nacional con el objetivo de revivir la reforma laboral que fue archivada por la Comisión Séptima del Senado. El accionante también cuestionó el uso de recursos públicos para esta iniciativa y criticó al Congreso por no avanzar en los debates de otras reformas clave, como la de salud y educación.
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La magistrada ponente, Gloria María Gómez Montoya, ordenó notificar al presidente Petro y a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, quienes deberán responder en un plazo de dos días. También se vinculó a otros actores del proceso, incluidos miembros del Congreso y los ministerios de Trabajo, Salud y Educación.
La Sección Quinta del Consejo de Estado asumió el caso por tratarse de una acción contra el jefe de Estado. El tribunal deberá decidir si concede el amparo solicitado una vez reciba las respuestas y evalúe las pruebas.
La consulta popular fue planteada por el Gobierno tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso. A través de una plataforma digital, la ciudadanía ha propuesto más de 20.000 preguntas sobre temas como formalización laboral, condiciones de trabajo en plataformas digitales y derechos sindicales.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el próximo lunes 21 de abril se radicará ante el Senado el proyecto de ley para convocar formalmente la consulta.