
Tras más de tres horas de reunión entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, la Fiscalía reiteró que, por ahora, no suspenderá las 29 órdenes de captura contra integrantes del denominado Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Durante el encuentro se discutieron las posturas del Gobierno Nacional y del ente investigador frente a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), previstas para entrar en funcionamiento el próximo 25 de junio de 2026, así como las garantías jurídicas solicitadas para miembros de esa estructura armada.
Sin embargo, la Fiscalía defendió los argumentos expuestos en la Resolución 00142 del pasado 11 de mayo, mediante la cual decidió abstenerse de aplicar medidas que impliquen la suspensión automática de las órdenes de captura contra las personas incluidas en el listado entregado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
La entidad explicó que antes de avanzar en cualquier beneficio jurídico es necesario verificar el cumplimiento de varios compromisos por parte del grupo armado, entre ellos el cese de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores reclutados, el desmantelamiento de estructuras criminales y la transición de economías ilegales hacia actividades lícitas.
Además, la Fiscalía indicó que todavía adelanta la verificación de identidad, situación jurídica y pertenencia al EGC de las 29 personas incluidas en el listado remitido por el Gobierno Nacional.
El organismo también precisó que las Zonas de Ubicación Temporal deben entenderse como un mecanismo para facilitar la desmovilización y el sometimiento a la justicia, y no como una autorización general para suspender procesos judiciales o permitir libre movilidad.
Entre los nombres incluidos en el listado figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, requerido en extradición por Estados Unidos. Sobre este caso, la Fiscalía recordó que la Corte Suprema de Justicia ya emitió concepto favorable para su extradición en diciembre de 2025.
Finalmente, la entidad aclaró que la eventual entrada en funcionamiento de las ZUT no suspende las funciones constitucionales de investigación y judicialización que continúan en manos de la Fiscalía y de los jueces penales del país.
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