La revolución agroindustrial no puede reemplazar la reforma agraria

Con su apuesta por una “revolución agroindustrial”, el nuevo Gobierno busca desplazar del centro de la política rural una agenda de reforma agraria integral que el campesinado colombiano y los movimientos rurales del mundo llevan décadas construyendo. El problema no es que Colombia quiera producir más, exportar o incorporar tecnología al campo; el problema es qué modelo de desarrollo rural se está priorizando y qué lugar tendrán en él quienes históricamente han alimentado a las comunidades y reclamado tierra, derechos y capacidad de decisión sobre sus territorios.

Los primeros anuncios del Gobierno de Abelardo De La Espriella muestran dónde parece estar puesta la prioridad: seguridad jurídica de la propiedad rural privada, grandes proyectos asociativos, capitalización, emprendimiento, nuevas hectáreas productivas, crédito, tecnología y agroindustria exportadora. La propuesta incluye 1,5 millones de nuevas hectáreas productivas y 700 Escuelas de Emprendimiento Rural para formar a 70.000 jóvenes, además de programas diferenciados para pequeños y medianos productores y para la agroindustria exportadora.

Son instrumentos que pueden ser necesarios para dinamizar el campo. Pero una política de desarrollo agropecuario no equivale, por sí misma, a una reforma agraria orientada a la equidad y la justicia.

La diferencia importa porque Colombia acaba de ser escenario de una discusión internacional que planteó precisamente lo contrario: que la reforma agraria no puede reducirse a hacer más productiva la tierra.

En febrero de 2026, Cartagena acogió la ICARRD+20, la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Allí, el campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades negras y movimientos sociales reivindicaron una reforma agraria del siglo XXI “inclusiva para todos los pueblos” y recordaron que su alcance no se limita a la distribución de tierras. También comprende los bosques, los océanos, los ríos y las zonas costeras; es decir, los territorios, maritorios y acuatorios. La soberanía alimentaria y la agroecología, sostiene la declaración, deben estar en el centro.

La diferencia entre ambas perspectivas no es menor. Una política centrada en la productividad pregunta cómo hacer que una hectárea produzca más, cómo atraer capital, cómo ampliar mercados y cómo aumentar las exportaciones. Una reforma agraria integral pregunta, además, quién tiene acceso a la tierra, quién decide sobre ella, qué se produce, para quién se produce y bajo qué relaciones económicas y territoriales.

En tiempos de perturbaciones climáticas cada vez más graves, erosión acelerada de la biodiversidad y degradación de los suelos, también es fundamental promover modelos de producción que funcionen con los ciclos naturales, en lugar de considerar la tierra como un mero recurso para explotar.

El movimiento campesino no ha rechazado históricamente la productividad, el crédito o la tecnología. Lo que ha cuestionado es que esas herramientas se conviertan en sustitutos de una transformación de las estructuras rurales y perpetúen las profundas desigualdades existentes. La declaración presentada en Cartagena recoge justamente esa perspectiva al plantear que una reforma agraria integral debe incorporar tierra, crédito, maquinaria, semillas, conocimiento y formación, y reconocer los derechos y la diversidad de los sujetos que habitan y trabajan los territorios rurales.

Por eso también importa el lenguaje. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ha planteado sustituir institucionalmente la expresión “campesino” por categorías como “productor agropecuario” o “pequeño empresario del campo”. El Gobierno ha explicado que la intención es superar una visión que considera peyorativa y elevar el estatus de quienes producen.

Pero esta perspectiva está en contradicción con la forma en que el propio campesinado ha luchado por ser reconocido, lo que resultó en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018.

El campesinado no es únicamente una categoría ocupacional. Es un sujeto social y político que ha construido una agenda propia alrededor de la tierra, el territorio, la alimentación y la participación.

En 2023, además, la Constitución colombiana reconoció al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. Por eso, la pregunta relevante no es simplemente cómo quiere denominarlo el Gobierno, sino si las nuevas categorías amplían o terminan desplazando el reconocimiento político y jurídico alcanzado después de décadas de organización y movilización.

Especialmente en Colombia, uno de los países del mundo con mayor concentración de la tierra y caracterizado por profundas desigualdades, esta cuestión está íntimamente ligada a la deuda histórica con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, así como a la dignidad de las poblaciones rurales de las generaciones presentes y futuras.

Apenas unos meses después de que Colombia acogiera una conferencia internacional dedicada a discutir cómo avanzar hacia reformas agrarias estructurales, integrales y populares, el nuevo Gobierno presenta una agenda cuyo lenguaje dominante se centra en agroindustria, emprendimiento, capitalización, productividad y exportaciones.

¿La agroindustria será una herramienta dentro de una reforma rural integral o la reforma agraria será reemplazada por una política de modernización productiva del campo en la que se favorece a los grandes empresarios? ¿Seguirá un camino que concilie el desarrollo rural con el equilibrio de los ecosistemas o tratará la inmensa riqueza natural de Colombia como un activo económico para enriquecer a una pequeña élite rural?

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La respuesta importa porque el campo colombiano no parte de una situación de igualdad. La productividad no resuelve la concentración de la tierra, las desigualdades territoriales, las barreras de acceso al crédito y a los mercados ni las disputas sobre el uso del suelo.

La declaración de los movimientos sociales en Cartagena lo expresó con mayor amplitud: no puede haber respuesta a las múltiples crisis actuales sin una reforma agraria “genuina, integral y popular”. Y advierte que los derechos conquistados por campesinos, pueblos indígenas y otras comunidades rurales no pueden ser objeto de retrocesos. Declaración política ICARRD+20

Ese es el punto que la nueva discusión sobre el campo colombiano no debería perder de vista.

Colombia necesita un campo productivo, pero hacer productivo el campo no puede convertirse en la nueva definición de la reforma agraria. Si la revolución agroindustrial que anuncia el Gobierno quiere ser también una transformación rural, tendrá que demostrar cómo incorpora la voluntad histórica del campesinado y los compromisos construidos alrededor de una reforma integral.

En este contexto, es importante que Colombia mire a otros países que han apostado por una “modernización” orientada a aumentar la productividad, solo para encontrarse atrapados en dependencias y en desigualdades e injusticias cada vez más profundas.

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El llamado al Gobierno colombiano es a respetar la voluntad del campesinado y trabajar sobre los acuerdos construidos con sus organizaciones, en el marco de los derechos humanos. También es reconocer el papel que ha desempeñado y sigue desempeñando el campesinado en la producción de alimentos saludables y nutritivos para millones de colombianos, al tiempo que cuida los ecosistemas.

Esto implica garantizar su participación efectiva en las decisiones que afectan sus territorios y avanzar en una reforma agraria integral que reconozca y garantice sus derechos a la tierra, al territorio, a la alimentación adecuada, al agua, a las semillas, a la participación y a condiciones dignas de vida y trabajo.

Y, también, a seguir llamándolos campesinos y campesinas.