Colombia. La filtración de una «recomendación» de lenguaje que pide mitigar el uso del término “campesinos” en informes oficiales desató la indignación de congresistas y organizaciones sociales. Aunque la entidad niega un veto oficial, el caso ya va rumbo a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en busca de cabezas responsables.
El escándalo estalló tras conocerse un mensaje que circuló vía WhatsApp entre los contratistas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El documento, divulgado inicialmente por La Silla Vacía, deja en evidencia las estrictas directrices internas que exigen priorizar la expresión “productores rurales” y evitar a toda costa el uso recurrente de la palabra tradicional «campesinos».

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La comunicación también recomienda no utilizar el término “Reforma Agraria” y reemplazarlo por expresiones como “acceso a tierras” y “formalización”. El mensaje fue firmado por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (Oigt) y, de acuerdo con el reporte, empezó a circular entre organizaciones campesinas, funcionarios y contratistas.

La reacción en el Congreso
Las recomendaciones generaron cuestionamientos del representante a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, quien calificó la situación como una falta de respeto hacia las comunidades campesinas.
“A ningún gobierno se le puede permitir que, de manera solapada, empiece a decirles a sus comunicadores de la Agencia Nacional de Tierras que no pueden hablar de campesinos”, afirmó el congresista.
Bohórquez sostuvo que la denominación tiene una relación directa con la naturaleza y la misión de la ANT, particularmente por su trabajo en materia de acceso y formalización de tierras para las comunidades campesinas.
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El representante también cuestionó que se plantee sustituir la palabra campesinos por productores, teniendo en cuenta el reconocimiento que actualmente tiene el campesinado dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
“¿No le parece una grosería que no se pueda hablar de campesinos cuando la Constitución y la ley han declarado al campesino como sujeto de derechos?”, manifestó.
¿Qué dice la Constitución sobre el campesinado?
El debate también tiene un componente jurídico.
El Acto Legislativo 01 de 2023 modificó el artículo 64 de la Constitución Política y estableció expresamente que el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección. La norma reconoce, además, sus dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental y establece obligaciones del Estado relacionadas con sus derechos y el acceso a la tierra, entre otros aspectos.
La reforma constitucional también establece que los campesinos y las campesinas tienen derecho a no ser objeto de discriminación en el ejercicio de sus derechos.
El expresidente Gustavo Petro manifestó:
“Y creen que con prohibir la palabra campesinos se acaban los once millones de campesinos productores de alimentos en Colombia? O, ¿se elimina las órdenes constituyentes de reconocer al campesinado como sujeto de derechos en Colombia? Ignorante quien inicia esto en el minagricultura de los terratenientes y despojadores violentos de la tierra”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de X.
Llevarán el tema a la Comisión Quinta
Ante la polémica, Bohórquez anunció que modificará una proposición que tenía prevista en el Congreso para citar a funcionarios del Gobierno y pedir explicaciones sobre las directrices de comunicación de la Agencia Nacional de Tierras.
Según explicó, busca que la directora de la ANT y el ministro de Agricultura respondan por las recomendaciones relacionadas con el uso de la palabra “campesinos”. El congresista llevará así la discusión a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
Por ahora, el punto central de la controversia es el alcance de estas orientaciones y la forma en que fueron comunicadas. El documento conocido públicamente no plantea eliminar por completo la palabra “campesinos”, sino evitar su uso recurrente y priorizar otras expresiones, una diferencia importante frente a afirmar que existe una prohibición del término.
¿Cómo impactaría esto a Sucre y otros departamentos?
La discusión tiene un impacto particular en Sucre, un departamento con una larga historia de luchas por la tierra y donde la Agencia Nacional de Tierras ha adelantado procesos de acceso, adjudicación y formalización. La propia ANT reportó que en el departamento ha entregado cerca de 10.000 hectáreas a campesinos, comunidades étnicas y firmantes de paz, con procesos en municipios como San Marcos, San Onofre, Corozal, Ovejas, Morroa y Sincelejo.
Por eso, el debate sobre el lenguaje utilizado por la entidad no resulta ajeno al territorio. En Sucre, la palabra “campesinos” aparece incluso en las comunicaciones oficiales de la propia ANT para referirse a comunidades beneficiarias de sus programas de tierras. En abril de 2026, por ejemplo, la entidad informó sobre la entrega de títulos a 227 familias campesinas de la ANUC en San Onofre.
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