El Tribunal Administrativo de Cundinamarca expresó públicamente su respaldo al Consejo de Estado luego de los recientes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro contra decisiones adoptadas por ese alto tribunal, especialmente relacionadas con el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones.
A través de un comunicado, la corporación judicial manifestó preocupación por declaraciones que, según indicó, podrían desinformar o desacreditar las decisiones emitidas por los jueces de la República. Además, recordó que el control judicial sobre los actos del poder público constituye una garantía fundamental dentro del Estado Social de Derecho.
“El respeto por la autonomía e independencia judicial es esencial para la estabilidad democrática del país”, señaló el Tribunal en uno de los apartes del pronunciamiento.
La entidad también enfatizó que las decisiones judiciales deben ser controvertidas únicamente mediante los mecanismos legales establecidos y no a través de ataques o descalificaciones desde escenarios públicos.
El pronunciamiento se conoce en medio del creciente choque entre el Gobierno nacional y las altas cortes, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el traslado de cerca de $5 billones desde fondos privados hacia Colpensiones, recursos correspondientes a ciudadanos que habían decidido cambiarse del régimen privado al público.
Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro y miembros del Gobierno expresaron fuertes críticas contra el alto tribunal.
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Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que el Ejecutivo interpondrá recursos judiciales para insistir en el traslado de los recursos pensionales.
“Vamos a emprender todas las acciones jurídicas hasta donde sea posible”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca también hizo un llamado a las autoridades para actuar con responsabilidad y mesura en sus declaraciones públicas, advirtiendo que el lenguaje utilizado desde el poder puede contribuir a fortalecer la convivencia democrática o, por el contrario, profundizar la polarización institucional.
La controversia se suma a otros recientes desacuerdos entre el Gobierno y el Consejo de Estado, como los relacionados con el nuevo modelo de pasaportes y diferentes decisiones administrativas frenadas por vía judicial.
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