El presidente del Senado, Efraín Cepeda, y la congresista Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, presentaron este miércoles una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La petición surge a raíz de declaraciones del presidente Gustavo Petro, en medio de la controversia generada tras el hundimiento de la reforma laboral.
Los parlamentarios, quienes hacen parte de una delegación de congresistas colombianos que viajaron a Estados Unidos, consideran que las afirmaciones del mandatario constituyen una “persecución política”. En el documento radicado ante la CIDH, solicitan la protección de sus derechos políticos, así como de su libertad de conciencia y religión.
«Nuestros derechos se han visto vulnerados en una situación que se agrava día a día debido a la persecución política llevada a cabo por el presidente Gustavo Petro, en represalia por nuestra postura crítica frente a la reforma laboral impulsada por su gobierno», señala la solicitud.
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Además, los congresistas adjuntaron pruebas como publicaciones en redes sociales y notas de prensa que, según ellos, evidencian ataques directos del mandatario. Mencionan, por ejemplo, las protestas de estudiantes del Sena en el Congreso durante la radicación de la ponencia negativa de la reforma, las cuales, aseguran, han sido utilizadas para alimentar una supuesta campaña de desprestigio en su contra.
En la misma línea, los congresistas Carolina Arbeláez y Carlos Abraham Jiménez, del partido Cambio Radical, también radicaron una denuncia ante la CIDH contra Petro. Argumentan que el jefe de Estado ha incurrido en «incitación al odio» y ha generado una «grave afectación de derechos fundamentales» de su colectividad.
«El presidente Petro, a través de su cuenta en X (antes Twitter), ha realizado ataques injuriosos y calumniosos que afectan la imagen de nuestro partido y ponen en riesgo la integridad física de nuestros congresistas y líderes», expresó Arbeláez.
Cambio Radical sostiene que las instancias judiciales en Colombia no han sido suficientes para frenar lo que califican como una estrategia de estigmatización desde el poder. Según el partido, desde mayo de 2024 se han registrado más de 30 declaraciones públicas del presidente en su contra, incluyendo mensajes en redes sociales, discursos y alocuciones oficiales.
Los congresistas esperan que la CIDH intervenga y tome medidas frente a lo que consideran una vulneración sistemática de sus derechos..
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